Por Vero Teigeiro

Mientras se discute una posible Reforma Electoral en México, uno de los puntos que más atención ha generado es el financiamiento público a los partidos políticos. Aunque todavía no existe un texto definitivo presentado ante el Congreso, distintas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, así cómo los integrantes de la Comisión Presidencial encargada de la reforma, permiten identificar qué es lo que podría cambiar y por qué ese cambio es relevante para el sistema democrático.

Actualmente, el financiamiento público es la principal fuente de ingresos de los partidos políticos en México. La idea es poder garantizar condiciones que permitan una competencia relativamente equitativa para los partidos, buscando así que haya representatividad incluso de minorías. También, busca reducir la dependencia de recursos privados, ya que éstos pueden traducirse en conflicto de interés o simplemente en actos de corrupción. 

El monto total anual para las actividades ordinarias de los partidos se calcula mediante una fórmula establecida en el artículo 41, Fracción II de la Constitución, y en la Ley Federal de Partidos Políticos en su artículo 51. 

Esta fórmula, que usa el Instituto Nacional Electoral (INE) para calcular los montos, multiplica el número de personas inscritas en el padrón electoral por un porcentaje del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). 

El resultado define cuánto dinero se reparte entre los partidos cada año. Después, ese monto se distribuye de la siguiente manera:

Además del financiamiento ordinario, los partidos reciben recursos adicionales en años electorales para gastos de campaña, así como montos específicos para capacitación, investigación y educación cívica.

Una de las principales características del modelo actual es que el financiamiento crece de forma automática conforme aumenta el padrón electoral, incluso en años en los que no hay elecciones; entonces, si el padrón crece, los partidos reciben más dinero.

Aunque la iniciativa de reforma electoral aún no ha sido presentada formalmente, las propuestas que se han hecho públicas coinciden principalmente en dos puntos respecto al financiamiento: reducir el costo de los partidos, así como modificar la forma en que se distribuye el dinero. Con esto, se estarían buscando varios objetivos. 

Primero, romper la conexión automática entre el padrón electoral y el monto del financiamiento. Esto implicaría eliminar o modificar la fórmula actual para que el presupuesto no crezca si el padrón crece, permitiendo que esté limitado a criterios definidos en el Presupuesto de Egresos o límites que establezca el Congreso.

Segundo, se busca que haya una diferencia más amplia entre años electorales y no electorales. En el esquema actual, los partidos reciben recursos elevados incluso cuando no hay procesos de votación. La reforma apunta a reducir el financiamiento ordinario en periodos sin elecciones y concentrar mayores recursos únicamente en los momentos de competencia electoral.

El tercero, y probablemente más polémico, es modificar la forma de redistribución, cambiando los porcentajes que se dan en forma igualitaria y proporcional. Si el 70% que se reparte de acuerdo a los resultados de diputaciones federales crece, disminuyendo el monto que se otorga a todos de manera equitativa, se favorecería a los partidos más grandes o de mayor votación. 

Los posibles efectos de esta reforma ya son parte del debate a pesar de que no haya una iniciativa formal todavía. 

Entre los argumentos a favor, se señala que reducir el financiamiento automático permitiría disminuir el gasto público en política y limitar el mantenimiento de estructuras partidistas permanentes que no siempre tienen actividad relevante fuera de los procesos electorales. Esto reduciría el tamaño de la burocracia partidista y podría evitar que los partidos tengan dinero para actividades o recursos que realmente no le aportan mucho a la ciudadanía. 

También, modificar la forma en cómo se define el total a distribuir podría otorgar mayor flexibilidad ante situaciones apremiantes en el presupuesto, producto de alguna crisis, permitiendo destinar recursos a actividades más esenciales.

Sin embargo, también existen riesgos y efectos secundarios. Un menor financiamiento público puede llevar a que los partidos le den una mayor importancia a conseguir recursos privados, lo que incrementa la necesidad de verificar que los recursos provengan de un origen lícito, lo cual es complicado en un país con un crimen organizado tan fuerte y que mueve miles de millones de pesos a través de diferentes formas de lavado en el país.

También, como se ha mostrado en sistemas como el estadounidense, un mayor peso de privados (en específico, grandes donadores) suele traducirse en una herramienta de cabildeo y conflictos de interés, en donde el principal interés de los funcionarios electos es retribuir a quien los patrocina, no a temas de interés nacional.

Además, los partidos pequeños o de reciente creación podrían enfrentar mayores dificultades para competir en condiciones de equidad frente a fuerzas políticas consolidadas, o abriría la puerta a que grandes capitales puedan avanzar y crecer con mayor facilidad en el sistema político en comparación de, por ejemplo, iniciativas ciudadanas que no tendrán una cantidad de recursos privados elevada.

Por ello, el análisis de la propuesta no debe limitarse a cuánto dinero reciben los partidos, sino a cómo se va a distribuir y de qué forma esa distribución contribuye a una competencia más equilibrada, o simplemente favorecer a los partidos más consolidados. 

Si bien la iniciativa aún no ha sido presentada ni discutida, es importante contemplar por adelantado algunas propuestas ya manejadas y, una vez presentada, revisar los cambios específicos y poder prever consecuencias negativas. Porque si bien algunos puntos pueden sonar atractivos para la ciudadanía, como el reducir el monto de financiamiento, otros pueden usarse para promover una menor representatividad a minorías electorales y dificultar esfuerzos ciudadanos futuros, contribuyendo a una mayor centralización del poder.

Por ello, es importante unirse a la discusión y análisis para tener una Reforma Electoral que permita una democracia más madura y capaz de representar a todos sus ciudadanos.