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El reciente anuncio de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez —exconsejero electoral y actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera—, es un paso importante para echar a andar la transformación del sistema electoral mexicano. El gobierno federal sostiene que la comisión realizará un diagnóstico profundo del modelo actual y discutirá propuestas con ciudadanos, expertos, academia, organizaciones civiles y partidos políticos.
En respuesta, un grupo de 22 exconsejeros y exmagistrados electorales —entre ellos Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés— emitió un comunicado advirtiendo que una reforma sin diálogo amplio, consenso ni integridad democrática sería insuficiente.
En un comunicado exigen que se fortalezcan los mecanismos de representación política, evitando la sub o sobrerrepresentación excesivas en el Poder Legislativo; preservar la autonomía los órganos estatales a nivel nacional y local y elegir autoridades electorales por mérito e imparcialidad en el Congreso y no por voto popular, entre otros puntos.
En este contexto, es urgente mantener la atención sobre la calidad del proceso para tramitar la reforma. Se necesita un proceso inclusivo y transparente en el que participen todas las voces que deseen expresarse y que sus puntos de vista sean realmente tomados en cuenta. Para ello, debería darse a conocer con antelación en qué términos se llevará a cabo el diálogo, cómo podrá registrarse para participar quien quiera hacerlo y cómo se irán elaborando las propuestas de reforma.
De lo contrario, aumenta el riesgo de que la iniciativa sea una imposición del régimen o que se haga una consulta que caiga en la simulación. En años recientes, Morena ha convocado a numerosas consultas que, al final, sólo son ejercicios que pretenden dar la impresión de diálogo y apertura, pero al final desechan los puntos de vista que no hayan dictado los liderazgos del partido. Una de las notables excepciones que podría incluso servir como referente en esta ocasión son las discusiones con expertos para la construcción de la reciente reforma de telecomunicaciones.
Morena y la Presidencia de la República tienen la oportunidad de demostrar que su apuesta es por una reforma que convoca y construye, no una que impone y borra diferencias.
