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Ayer fue hallado el cuerpo de Aida Karina Juárez Jacobo en Villa de Ramos, San Luis Potosí, una mujer que buscaba a su hija desaparecida desde el 25 de junio en Guadalupe, Zacatecas. Iniciada su búsqueda como integrante del colectivo Siguiendo tu rastro con amor, Aida fue privada de la libertad el 26 de agosto y hallada sin vida apenas dos días después. Una persona ya fue detenida como presunta responsable.
Este doloroso episodio revela una realidad grave para las madres buscadoras en México. Según Amnistía Internacional, 97% de estas mujeres ha enfrentado amenazas, agresiones, extorsiones, desplazamientos forzados, tortura y violencia sexual en su labor. Desde 2010, al menos 30 buscadoras han sido asesinadas y sólo este año han tenido lugar ocho de estos crímenes, como ha registrado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Las madres buscadoras tienen que lidiar con distintos frentes de manera paralela: realizar las tareas de búsqueda, enfrentarse con la incompetencia de instituciones gubernamentales, cuidar de sus familias y afrontar los impactos emocionales del duelo. Ante ello, el Estado mexicano se mantiene omiso: las fiscalías hacen poco, las comisiones de búsqueda reciben presupuestos insuficientes y el sistema forense está desbordado, con cientos de cuerpos sin identificar en morgues colapsadas. A esto se suma la alteración del censo de personas desaparecidas que hizo el gobierno de López Obrador para disminuir la cifra.
Ante una impunidad abrumadora, las familias investigan por su cuenta porque no confían en las autoridades y porque no les ofrecen resultados. En estas tareas se exponen a importantes riesgos que pueden terminar, incluso, con asesinatos, como fue en el caso de Aida Karina Juárez Jacobo.
