FGR retrasa (otra vez) fallo de licitación para rentar vehículos generando incertidumbre y sospechas

La Fiscalía General de la República (FGR) ha vuelto a posponer el fallo de la licitación para el arrendamiento de vehículos para uso de la dependencia, un proceso marcado por la polémica debido a acusaciones de supuesto favoritismo hacia uno de los participantes y, ahora, por los reiterados retrasos.

Aunque estaba previsto que ayer se anunciaran las empresas ganadoras de esta licitación, la FGR nuevamente aplazó la decisión por tercera ocasión.

Originalmente, el fallo estaba programado para el 14 de octubre, pero la Oficialía Mayor de la FGR lo aplazó para el 20 de octubre. 

En esa fecha sólo se procedió a la apertura de las propuestas económicas, dejando pendiente la resolución final, que se fijó para el 22 de octubre. 

Sin embargo, la FGR volvió a diferir el fallo ahora para el 24 de octubre, debido a que siguen con la evaluación de las propuestas económicas presentadas por las empresas participantes en esta licitación.

Estos retrasos han provocado incertidumbre en la percepción pública sobre la gestión de recursos en la FGR, pero principalmente sobre el proceso para adjudicar este contrato millonario por parte de la dependencia federal.

Como ha publicado envozmx, este contrato de arrendamiento de vehículos de la FGR, que por primera vez se licita en 15 años, ha sido adjudicado de manera directa a la empresa Casanova Rent Volks desde el 2010.

Esta empresa forma parte del Grupo Casanova, que ha enfrentado sanciones y observaciones formales por parte de organismos federales como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Más grave aún, estuvo involucrada hace un mes en un escándalo que provocó la destitución del contralor de la FGR, Arturo Serrano Meneses, tras acusaciones de soborno presentadas por un representante de esta misma empresa.

Hoy esta licitación de la FGR enfrenta momentos críticos.

¿Es justificable que un contrato de esta magnitud y relevancia enfrente tantos aplazamientos? ¿Qué implica para la transparencia y la rendición de cuentas?