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Agencia Reforma
Los recientes operativos contra el tráfico de hidrocarburos han revelado varias cosas: que las dimensiones del negocio ilícito alcanzan los millones de litros; que el huachicol no estaba erradicado, como aseguraba el presidente López Obrador, y que, por el contrario, altos mandos gubernamentales estaban implicados. Eso incluye a sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
Los sobrinos políticos en cuestión eran hijos de su cuñada y se trata del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ya detenido, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, presuntamente prófugo. Ambos han sido acusados de operar una red de corrupción en puertos y aduanas, usando documentos falsos para introducir combustible ilegal y evadir impuestos.
En esta trama de corrupción, un marino superior, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, envió una carta en junio de 2024 alertando a Ojeda sobre esas actividades de sus familiares. Meses después, Guerrero fue asesinado en Manzanillo. Hasta el momento, no se ha informado que Ojeda tomara ninguna acción para que se investigara a sus sobrinos ni por huachicol ni por el asesinato del contralmirante. ¿Decidió Ojeda ignorar la información de la carta o, peor aún, operó para protegerlos?
La participación de la familia de Ojeda en estos delitos abre preguntas sobre los alcances de esta red de corrupción, sus integrantes a todos los niveles, las distintas instituciones del Estado involucradas y sus cómplices de la iniciativa privada. Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch abrieron una caja de Pandora. ¿Podrán cerrarla?
