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Inhabilitada de la función pública y señalada por desvíos en la L12 administrará la Corte

Reyna María Basilio Ortiz fue designada como nueva titular de la Unidad de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organismo que responde al nuevo Órgano de Administración Judicial que sustituyó, tras la reforma judicial, al Consejo de la Judicatura. 

Su trayectoria ha sido cuestionada luego de que en 2014 la Contraloría capitalina la inhabilitó por 15 años para ocupar cualquier cargo público y la denunció ante la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México porque presuntamente autorizó de forma ilegal, desde su encargo como directora de Administración de Contratos del Proyecto de la Línea 12 del Metro, el adeudo de obras no reconocidas por 478 millones 63 mil 757 pesos.

Ya en 2015, el Juzgado Quinto Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Basilio Ortiz por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, por un presunto detrimento de 1 millón 240 mil 197 pesos al patrimonio federal. 

No obstante, Basilio Ortiz consiguió una suspensión de amparo y frenó su captura. 

Y, con herramientas legales, Basilio combatió tanto la sanción administrativa como el proceso penal y se mantuvo en la función pública. 

En abril de 2019, laborando en Pemex, dio a conocer que la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal Contencioso Administrativo de la CDMX anuló la inhabilitación impuesta por la Contraloría capitalina, al no acreditar que la conducta imputada fuera contraria a derecho.

Desde entonces, se desempeñó como coordinadora de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Pemex, hasta 2020; y, posteriormente estuvo en las áreas administrativas de la Secretaría del Bienestar; el Fondo Nacional de Fomento al Turismo; la Secretaría de Hacienda; el ISSSTE y finalmente el Servicio Postal Mexicano, al que ingresó apenas el 31 de marzo pasado, antes de saltar a la Corte. 

La Unidad de Administración de la Corte tiene atribuciones sobre las compras, recursos humanos y relaciones laborales, inmuebles, obras públicas y tecnologías de la información de la Corte.