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Agencia Reforma
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para expedir una nueva Ley Orgánica de la Armada de México, con más de 100 artículos revisados. La propuesta formaliza atribuciones que ya ha ejercido la Marina bajo decretos ejecutivos. La lista incluye abordajes, inspección y persecución de buques en zonas económicas exclusivas y altamar, así como tareas en aduanas y operaciones de ciberdefensa e inteligencia naval.
Este nuevo marco institucional representa algo más que modernización jurídica; es la consumación del paso de las Fuerzas Armadas hacia una misión permanente en funciones de seguridad pública. Su mandato constitucional limita a la Armada a tareas de seguridad nacional, defensa y protección marítima, no a funciones cotidianas policiales que atienden el orden interior. Pero la iniciativa que Sheinbaum impulsa va más allá de fronteras costeras: conecta las capacidades navales con aduanas terrestres, vigilancia aeroportuaria y operaciones conjuntas con la Guardia Nacional.
Institucionalizar funciones policiales en un cuerpo originalmente militar erosiona la diferenciación entre autoridad civil y castrense. Éste es uno de los últimos toques a la consolidación de la entrega de tareas civiles a las fuerzas armadas.
Esta traslación de responsabilidades suele justificarse con el nivel de profesionalización y la supuesta incorruptibilidad de estas corporaciones. El caso del huachicol fiscal ha mostrado rápidamente que no son inmunes a la corrupción. Por el contrario, pueden causar severos daños al erario y al Estado de derecho haciendo las funciones policíacas que les ha conferido el gobierno en los últimos años.
