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La política campechana atraviesa una crisis poco común dentro de Morena. Once de los dieciséis diputados del partido en el Congreso local rompieron con la gobernadora Layda Sansores, en un conflicto que revela fracturas internas que rara vez se observan en otras entidades gobernadas por el mismo movimiento.
El choque tiene dos detonantes principales. El primero es la deuda por mil millones de pesos aprobada en diciembre. Aunque el Congreso autorizó el endeudamiento, varios legisladores morenistas decidieron imponer límites a su uso, argumentando preocupaciones sobre el impacto financiero. Sansores ha defendido el crédito asegurando que responde a una caída presupuestal y que es necesario para impulsar obras e infraestructura estatal.
El segundo elemento fue la restitución del fuero legislativo. Los diputados rebeldes promovieron esta medida en medio de denuncias de persecución política. La tensión escaló cuando fuerzas ministeriales rodearon el Congreso estatal en un contexto en el que existían investigaciones contra algunos legisladores, lo que alimentó temores de detenciones con motivaciones políticas.
El conflicto abre una pregunta mayor: ¿qué ocurre en Campeche para que Morena se fracture contra su propia gobernadora? En otras entidades y a nivel federal, los congresos dominados por el partido suelen aprobar sin resistencia las iniciativas del Ejecutivo. En Campeche, ocurre lo contrario.
Parte de la respuesta podría estar en el estilo de gobierno de Sansores, marcado por confrontaciones públicas, acusaciones contra opositores, censura a medios de comunicación y aparente persecución política, como se observó en la detención del rector de la Universidad de Campeche.
La crisis campechana sugiere que la concentración excesiva de poder puede terminar debilitando incluso a quienes la ejercen. Cuando un liderazgo pretende controlar todos los espacios, las fracturas comienzan a gestarse dentro del propio movimiento.
