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La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum genera un intenso debate sobre sus verdaderas implicaciones. De manera general se observa que el gran objetivo es garantizar que no se detenga la Cuarta Transformación. Sin embargo, la vía elegida por el gobierno puede acarrear enormes costos.
Uno de ellos, está en el impacto económico. La inversión privada podría verse afectada, ya que, para este gobierno, la legitimación electoral y tener poder son prioritarios. Aunque hay quienes sostienen que el crecimiento económico es crucial para pagar programas sociales, no se observa un diálogo con la inversión privada. Al parecer la presidenta Sheinbaum sí considera importante el crecimiento, pero enfrenta un entorno complejo.
El estilo de Sheinbaum para gestionar esta reforma difiere del anterior sexenio. No se trata de una reforma de la impulsividad, sino de un proceso que toma cierta distancia y enfría la discusión, permitiendo que se vaya cocinando. Aunque paradójicamente no busca consensos ni escuchar a la oposición, sino que parece enfocarse en controlar los instrumentos técnicos.
En un análisis más profundo, la reforma podría diluir la autoridad de la ley, buscando nuevos y viejos hilos de control a través de instituciones como la UIF, el SAT o la Fiscalía. Citando a Giovanni Sartori, un partido dominante busca la disciplina interna y eliminar la incertidumbre de elecciones libres para asegurar que quien yo elijo, gana. Claudia Sheinbaum busca el control, incluso usando a la oposición para defenderse de sectores internos de Morena.
