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Agencia Reforma
Mega decomisos de combustible, marinos y empresarios detenidos, personas involucradas asesinadas o que “se suicidan”, millones de pesos en sobornos, combustible traficado en México e introducido clandestinamente en Estados Unidos. Según la presidenta Sheinbaum y su Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la implicación de la Marina en este enredo de ilegalidades se reduce a la colusión de “12 o 13” efectivos de la corporación.
Es difícil creer que la participación de la Secretaría de Marina en un entramado de corrupción de tal magnitud se redujera a un puñado de marinos mal portados, especialmente cuando estas actividades no hubieran sido posibles sin el conocimiento de altos mandos y del uso constante de las instalaciones portuarias controladas por esta institución.
Se hizo público que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido por encabezar una red de contrabando petrolero, en colusión con su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, hoy prófugo. Ellos eran sobrinos de quien se desempeñó como Secretario de Marina en el gobierno de López Obrador, Rafael Ojeda Durán.
Esta presunta red de delincuencia toca también al hijo del gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, Alfonso Durazo Chávez, quien era socio de Ramón Ángel Castillo Vásquez, quien, a su vez, tenía negocios con Fernando Farías Laguna.
En 2022, la Secretaría de la Defensa solicitó que se investigaran anomalías en las aduanas de Baja California y Sonora, donde operaban los hermanos Farías Laguna. En este momento, la Defensa señalaba al entonces administrador de Operación Aduanera, Juan Carlos Madero Larios, cuñado de quien hoy es presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras.
El problema parece ir más allá de los 12 o 13 marinos que señaló la presidenta Sheinbaum. Los males están saliendo con fuerza de esa caja de Pandora llamada huachicol fiscal.
