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Por Arturo Madrigal
En las últimas semanas, estados gobernados por la 4T fueron escenario de una serie de detenciones que generaron debate a nivel nacional por un presunto uso faccioso del derecho penal así como del ejercicio de la libertad de expresión.
El 23 de diciembre de 2025, en Puebla, entidad gobernada por el morenista Alejandro Armenta, fue vinculado a proceso el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-consulta, acusado por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la organización Artículo 19, el proceso penal contra Rodolfo Ruiz se originó de un contexto de cobertura periodística crítica sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder relacionados con autoridades del estado de Puebla.
Por su parte, el periodista aseguró que el proceso en su contra se basó en suposiciones y se derivó de una “consigna política” para acabar con su portal de noticias debido a que ha documentado corrupción en licitaciones y contratos de obras y servicios por parte del gobierno del estado.
En Veracruz, estado gobernado por la morenista Rocío Nahle, ocurrió un caso similar.
El 24 de diciembre de 2025, en Coatzacoalcos, fue detenido por autoridades el reportero de fuente policiaca Rafael León Segovia.
Tras su arresto, el periodista fue imputado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de Seguridad Pública.
De acuerdo con Artículo 19, la investigación se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura periodística de nota roja que Rafael desarrolla desde hace años en el sur de Veracruz, por lo que el caso reforzó la preocupación “por el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación”.
Incluso, el 29 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema, pidiendo a la Fiscalía veracruzana que explicara la acusación de terrorismo contra el comunicador.
El 30 de diciembre, tras una audiencia judicial, se le retiró la acusación de terrorismo, aunque sí fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de Seguridad Pública por los cuales se le impuso como medida cautelar un año de prisión domiciliaria mientras avanza el proceso penal.
Rafael León afirmó que su detención fue producto de una persecución política por el tipo de información a la que da cobertura y difunde, y que no hay una sola prueba que lo vincule con actos delictivos.
En Campeche, el gobierno de Layda Sansores también fue señalado por presuntos abusos.
El 12 de enero, el Rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, fue detenido por presunta posesión de sustancias ilícitas cuando circulaba en un vehículo por calles de la capital estatal.
Por los hechos fue acusado de narcomenudeo, en su variante de posesión simple de estupefacientes y además fue destituido de su cargo.
Fue liberado dos días después; sin embargo, continuó el proceso en su contra, por lo que el domingo 18 de enero fue vinculado a proceso por el delito de narcomenudeo en su variante de posesión simple, motivo por el que debe presentarse periódicamente ante la autoridad y tiene la restricción de salir del estado sin autorización.
La defensa del académico acusó que la droga “fue sembrada” en el vehículo en el que viajaba y que no se han entregado los videos de los agentes que llevaron a cabo la detención.
Por su parte, el hijo del rector, Hamid Abud, hizo responsable por “acoso político y hostigamiento” a todo el equipo de la gobernadora Sansores y lo acusó de interferir en los asuntos de la universidad.
En las últimas semanas, estados gobernados por la 4T fueron escenario de una serie de detenciones que generaron debate a nivel nacional por un presunto uso faccioso del derecho penal así como del ejercicio de la libertad de expresión.
El 23 de diciembre de 2025, en Puebla, entidad gobernada por el morenista Alejandro Armenta, fue vinculado a proceso el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-consulta, acusado por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la organización Artículo 19, el proceso penal contra Rodolfo Ruiz se originó de un contexto de cobertura periodística crítica sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder relacionados con autoridades del estado de Puebla.
Por su parte, el periodista aseguró que el proceso en su contra se basó en suposiciones y se derivó de una “consigna política” para acabar con su portal de noticias debido a que ha documentado corrupción en licitaciones y contratos de obras y servicios por parte del gobierno del estado.
En Veracruz, estado gobernado por la morenista Rocío Nahle, ocurrió un caso similar.
El 24 de diciembre de 2025, en Coatzacoalcos, fue detenido por autoridades el reportero de fuente policiaca Rafael León Segovia.
Tras su arresto, el periodista fue imputado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de Seguridad Pública.
De acuerdo con Artículo 19, la investigación se originó por hechos directamente vinculados a la cobertura periodística de nota roja que Rafael desarrolla desde hace años en el sur de Veracruz, por lo que el caso reforzó la preocupación “por el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación”.
Incluso, el 29 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el tema, pidiendo a la Fiscalía veracruzana que explicara la acusación de terrorismo contra el comunicador.
El 30 de diciembre, tras una audiencia judicial, se le retiró la acusación de terrorismo, aunque sí fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de Seguridad Pública por los cuales se le impuso como medida cautelar un año de prisión domiciliaria mientras avanza el proceso penal.
Rafael León afirmó que su detención fue producto de una persecución política por el tipo de información a la que da cobertura y difunde, y que no hay una sola prueba que lo vincule con actos delictivos.
En Campeche, el gobierno de Layda Sansores también fue señalado por presuntos abusos.
El 12 de enero, el Rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, fue detenido por presunta posesión de sustancias ilícitas cuando circulaba en un vehículo por calles de la capital estatal.
Por los hechos fue acusado de narcomenudeo, en su variante de posesión simple de estupefacientes y además fue destituido de su cargo.
Fue liberado dos días después; sin embargo, continuó el proceso en su contra, por lo que el domingo 18 de enero fue vinculado a proceso por el delito de narcomenudeo en su variante de posesión simple, motivo por el que debe presentarse periódicamente ante la autoridad y tiene la restricción de salir del estado sin autorización.
La defensa del académico acusó que la droga “fue sembrada” en el vehículo en el que viajaba y que no se han entregado los videos de los agentes que llevaron a cabo la detención.
Por su parte, el hijo del rector, Hamid Abud, hizo responsable por “acoso político y hostigamiento” a todo el equipo de la gobernadora Sansores y lo acusó de interferir en los asuntos de la universidad.
