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Agencia Reforma
Este sábado, un incendio en una tienda Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó al menos 23 personas muertas y decenas heridas. Testimonios indican que el incidente comenzó con una explosión en un transformador interno y que muchos fallecieron por inhalación de gases tóxicos.
Una vez más, y en una lamentable racha de pocos meses, el Estado mexicano hace gala de su pobre y homicida política de protección civil. Estas muertes, no una, sino 21 muertes, eran perfectamente evitables. El problema fue que el estado de Sonora no hizo su trabajo, pues la sucursal no contaba con un programa de protección civil vigente. Desde 2021, su renovación había sido rechazada por la autoridad estatal al detectar incumplimientos en normas mínimas de seguridad. A pesar de ello, le permitieron seguir operando, poniendo en riesgo la vida de trabajadores, clientes y transeúntes.
Ahora tocó en Sonora, pero hace escasas semanas fue en Veracruz, donde las autoridades no avisaron a tiempo para que la población se resguardara de las devastadoras lluvias que estaban por caer. Poco antes, fue el turno de la Ciudad de México, donde no se exigió el cumplimiento de la normativa de manejo de materiales peligrosos, llevando a que una pipa de gas explotara en Iztapalapa y cobrara la vida de 32 personas.
Estos hechos están conformando un patrón de negligencia y falta de responsabilidad ante el cuidado de lo más esencial: la vida y la integridad física de las personas. Desde luego, se requiere una investigación a fondo y la atención a las víctimas en todos estos casos. Pero, aún más que eso, es urgente que el gobierno federal haga una revisión profunda de la política de protección civil en coordinación con los estados y municipios.
