En el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch señala que México atraviesa una crisis persistente en materia de derechos humanos y que el cambio de gobierno, con la llegada de Claudia Sheinbaum como primera mujer presidenta, no ha frenado la violencia en México, la impunidad ni los retrocesos institucionales, pese a algunos avances.
"Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo el 1 octubre de 2024, heredó un país asolado por casi dos décadas de violencia, en gran parte impulsada por conflictos entre y dentro de poderosos grupos criminales que luchan por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos", detalla
Según la organización, el Estado de derecho se ha visto afectado por la reciente reforma judicial impulsada por el Congreso, con apoyo de Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Las modificaciones, de acuerdo con una relatora de la ONU citada en el informe, “ponen en riesgo la integridad institucional y la confianza pública en el sistema de justicia”.
La violencia y la impunidad, de acuerdo con el informe, se mantiene entre las más altas del mundo, pues reporta una tasa oficial de más de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024.
En este sentido, señala que la ineficacia en las investigaciones criminales es uno de los principales factores de este problema pues son ellos los encargados de investigar los delitos y detalla: "Desde 2010 hasta 2022, las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300 mil investigaciones por homicidio doloso. Solo en 51 mil casos pudieron identificar formalmente un sospechoso. Esto equivale a una tasa de esclarecimiento del 17 %, una cifra tremendamente baja".
El organismo, llegó a estas conclusiones luego dos años de trabajo de campo en el cual entrevistó desde policías, hasta representantes de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas, académicos y otros expertos en 11 estados.
Por ello, llegó a la conclusión de que los problemas que tienen las fiscalías y que socavan las investigaciones afectando los derechos tanto de familiares de víctimas como de quienes son acusados de delitos son: falta de investigadores, fiscales y peritos calificados en las fiscalías; sistemas excesivamente formales y burocráticos para coordinar las investigaciones e intercambiar información; falta de protección adecuada para testigos y familiares de las víctimas, entre otros.
Fuerzas Armadas, respuesta del gobierno
El reporte de Human Rights Watch señala que una de las respuestas que han tenido los gobierno mexicanos son la ampliación de tareas del ejército y la transferencia del control de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, destaca que de acuerdo con entrevistas hechas a Organizaciones internacionales, parece que esta no ha sido la mejor decisión.
"El ejército ha estado implicado en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La tasa de homicidios se ha mantenido en niveles altos y el sistema de justicia penal sigue siendo tan ineficaz como siempre", dijo.
Como conclusión Human Rights Watch hace una reflexión para el gobierno de Claudia Sheinbaum revire el timón y preste atención a agilizar el trabajo que se hace desde las fiscalías y la atención a las víctimas y propone "crear un protocolo homologado para las investigaciones de homicidios dolosos y establecer estándares mínimos sobre el nivel de capacidad forense y técnica con el que deben contar todos los estados para garantizar la eficacia de las investigaciones".
