Agencia Reforma
La Comisión Nacional de Búsqueda atraviesa una nueva crisis tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien dejará el cargo el próximo 31 de agosto. El fin de sus responsabilidades llega después de la presión que ejercieron colectivos de víctimas, quienes denunciaron que no tenía la solidez técnica ni la empatía necesarias.
Se suma a la renuncia de Karla Quintana en 2023, quien dejó la institución inconformándose con la decisión de López Obrador de trabajar con un nuevo censo, que borró de un plumazo a miles de desaparecidos, haciendo parecer que las dimensiones eran menores a las que mostraba el registro anterior.
Esta inestabilidad pone en evidencia la urgencia de garantizar un proceso de selección abierto y transparente, donde se definan claramente los criterios de idoneidad y se incluya la voz de colectivos de víctimas y organizaciones civiles. En este sentido se han pronunciado organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). La Secretaría de Gobernación anunció una consulta pública con familias y expertos, una promesa positiva que hasta ahora no ha mostrado garantías de que se seleccionará un perfil técnico, en lugar de uno político, y que se abrirá a la participación de los colectivos afectados.
El nombramiento de un perfil adecuado en la Comisión Nacional de Búsqueda no es sólo un formalismo, sino una señal de que el gobierno comienza a tomarse en serio la crisis de desapariciones, una tragedia que no da respiro a decenas de miles de familias.
