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Agencia Reforma
La noche del 8 de enero de 2026, el periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, conocido como Carlos Castro, fue asesinado a tiros en un restaurante familiar en Poza Rica, Veracruz. Sujetos armados irrumpieron en el lugar y le dispararon múltiples veces, quitándole la vida. Tenía tan solo 26 años y dirigía el portal digital Código Norte Veracruz, además de colaborar con varios medios locales.
Castro es el primer periodista asesinado en México en 2026. Una de las razones por las que su muerte es especialmente indignante es que había estado bajo medidas de protección del Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, otorgadas por la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, tras amenazas vinculadas a su trabajo. Sin embargo, esas medidas dejaron de estar vigentes después de que él, temiendo por su vida, abandonó temporalmente la ciudad. Al regresar en 2025, no fueron reactivadas, pese a que existían indicios de riesgo.
Organizaciones como Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras han señalado que la omisión en la reactivación de las medidas de protección fue un “fallo catastrófico” que contribuyó al riesgo que enfrentaba Castro.
La situación se agrava con sucesos recientes: dos mujeres de 23 años, pareja y amiga del periodista, desaparecieron tras asistir al funeral de Castro, generando mayor inquietud sobre el clima de inseguridad y la protección de la sociedad civil en la región.
A este asesinato se suma el acoso judicial contra Rafael “Lafita” León, periodista veracruzano que se encuentra en arresto domiciliario después de que la fiscalía del estado lo acusara de terrorismo y encubrimiento por motivos relacionados con su labor periodística.
Según registros de Artículo 19, Veracruz es el estado con más periodistas asesinados en México desde 2000, sumando un total de treinta y dos, con lo que supera por mucho al también deshonroso segundo lugar, Guerrero, que cuenta con diecinueve casos.
¿Qué hace falta para que el gobierno de Rocío Nahle tome en serio la violencia contra el libre ejercicio del periodismo? La primera medida debería ser garantizar que los mecanismos de protección no se retiren por trámites burocráticos y que se activen de inmediato cuando un comunicador está bajo amenaza.
