Camionetas blindadas: la Corte politizada, pero sin habilidades políticas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se empantanó en una polémica al confirmar la compra de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee para ministras y ministros, con un costo total de alrededor de 3 millones de pesos por unidad. La Corte argumentó que sus vehículos anteriores ya no cumplían con estándares de seguridad y que la renovación obedecía a normas internas emitidas en 2019 para reemplazar la antigua flotilla.

Entre lo más llamativo está la contradicción política e institucional: estas compras ocurrieron en medio de un discurso público de austeridad y combate a privilegios del Poder Judicial.

El problema no es que se adquieran los bienes necesarios para garantizar la seguridad de los ministros, pues la seguridad de las personas juzgadoras no es un capricho, sino un requisito básico del Estado de derecho. La cuestión es que no se explica con claridad que esa suma de dinero por camioneta fuera necesaria. Todo apunta a que no, pues días después, en medio del escándalo, la Corte anunció que no utilizará las camionetas y que iniciará el proceso para devolverlas o reasignarlas a jueces con “mayores riesgos”.

La reciente reforma judicial reconfiguró al Poder Judicial, volviéndolo político en esencia, al establecer la elección popular como mecanismo de selección de los juzgadores. Desde que el nuevo Pleno tomó posesión, ha evidenciado una débil técnica judicial.

Ahora, el escándalo de las camionetas revela el alcance de sus habilidades políticas.