La reciente destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (el CIDE) marca un punto de inflexión en una crisis institucional que se ha venido acumulando desde 2021. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación nombró a Lucero Ibarra Rojas como directora general interina mediante un oficio firmado por su titular Rosaura Ruiz Gutiérrez, evocando para ello la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Posteriormente, se llevó a cabo un evento en el que la secretaria Ruiz "presentó" a la nueva directora a los integrantes del Consejo Directivo del CIDE, el órgano de gobierno de la institución.
El relevo en la dirección del CIDE era urgente, pues el tiempo de Romero a la cabeza de la institución ha estado marcado por una serie de escándalos, empezando por la legitimidad de su nombramiento. Sin embargo, el modo en que se ha designado a la nueva directora revela una falta de rigor normativo que pone la decisión en entredicho. Como establece la propia ley a la que hace referencia la secretaria Ruiz, es necesario que el órgano de gobierno del CIDE valide la destitución. Es decir, no basta con la decisión de la titular de la Secretaría de Ciencia. Paradójicamente, el propio Romero rechaza su destitución argumentando irregularidades en el procedimiento.
Entre los escándalos de Romero en el CIDE, se cuenta una designación rechazada por la comunidad académica y estudiantil de la institución y plagada de arbitrariedades, entre las que destaca el ocultamiento del acta de designación, por lo que, a la fecha, se desconocen los detalles del procedimiento administrativo. También se le ha acusado de acoso a personal académico, violencia simbólica de género, mala gestión de recursos y se ha acreditado plagio en sus publicaciones.
En este contexto, es claro que el cambio en la dirección era necesario, pero el nombramiento interino de Ibarra expone un problema grave. Nuevamente, se incurre en procedimientos opacos y con un sustento cuestionable. La historia se repite y parece consolidar la ilegalidad y la opacidad también en la gestión de la ciencia.
