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La detención del periodista veracruzano Rafael “Lafita” León ha puesto nuevamente sobre la mesa un problema grave: la intimidación institucional contra comunicadores en México. Lafita, reportero de nota roja en Coatzacoalcos, fue arrestado el 24 de diciembre por la Fiscalía de Veracruz con cargos que incluían terrorismo y encubrimiento, relacionados directamente con su trabajo informando sobre crímenes y mantas del crimen organizado. Un juez desestimó el cargo de terrorismo, pero aún enfrenta proceso por otros delitos y se le impuso prisión domiciliaria preventiva.
Lo más preocupante no es sólo su detención, sino el impacto que este tipo de acciones tiene sobre el periodismo en general. Lafita ha declarado que, si logra volver a trabajar, evitará cubrir crímenes, violencia y seguridad por miedo a más represalias, y se enfocará en temas más “seguros” como choques o volcaduras. “Tengo miedo”, dijo abiertamente, mostrando cómo esta situación ha afectado su voluntad profesional.
Este fenómeno es lo que se conoce como “chilling effect” o efecto disuasorio y tiene lugar cuando la amenaza de sanciones, detenciones o procesos legales desincentiva a periodistas a cubrir temas sensibles o incómodos. No se trata sólo de que uno o dos comunicadores cambien de tema; se trata de cómo la presión institucional inhibe la libertad de expresión y empuja a la autocensura.
México ya es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, especialmente en estados con alta violencia como Veracruz, donde también han sido asesinados reporteros en años recientes. En 2025, con cinco casos, fue el tercer país con más asesinatos, sólo después de Palestina y Pakistán.
Si la justicia y las autoridades usan el sistema penal para intimidar, el resultado será que las voces que documentan violencia, corrupción y crimen callen por miedo, no por elección. La libertad de expresión y el derecho a la información no pueden depender de la buena voluntad de las autoridades; requieren protecciones reales, investigación independiente y el fin de prácticas que buscan silenciar a quienes desempeñan una función insustituible de la democracia.
