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Agencia Reforma
El gobierno de México hizo un nuevo traslado de presuntos criminales y operadores de cárteles a Estados Unidos para enfrentar cargos en cortes federales de ese país. En esta ocasión, el grupo fue de 37 individuos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó la acción como parte de la cooperación bilateral para combatir organizaciones criminales que “representaban una amenaza real para la seguridad del país”.
Este traslado forma parte de una tendencia en la relación: desde 2024, el gobierno ha enviado a Washington decenas de personas vinculadas a cárteles como Sinaloa, Beltrán-Leyva, Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noreste, sumando ya más de 90 sujetos remitidos bajo distintos mecanismos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido estas decisiones como “soberanas” y orientadas a la seguridad de México, asegurando que cada caso es evaluado individualmente y que se respeta la legislación nacional. Ha rechazado que el envío de criminales responda directamente a solicitudes de Estados Unidos y ha enfatizado el respeto a la soberanía mexicana.
Pero el contexto bilateral hace difícil pensar que las concesiones de México no responden a contener medidas más coercitivas de Estados Unidos. Trump ha descrito a los cárteles como amenazas extremas y ha sugerido incluso acciones militares si México no actúa con mayor agresividad, aunque México ha descartado permitir incursiones estadounidenses en su territorio.
La duda central es hasta qué punto este tipo de gestos —entregar figuras buscadas por el vecino— sirven para “calmar” a la administración estadounidense y evitar presiones más severas, como amenazas de aranceles o propuestas de intervención directa. Aunque Sheinbaum insiste en que las decisiones son soberanas, es claro que estos gestos se dan en un contexto de intensa presión y de negociación tácita para evitar medidas que afectarían la economía o la seguridad del país.
Sobre todo, no está claro hasta dónde llegará la presión de Estados Unidos y si las concesiones de México evitarán que tome medidas más drásticas en contra del país, especialmente después de la incursión militar en Venezuela para sustraer a Nicolás Maduro.
