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La designación de Francisco Garduño como Director General de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública es un mensaje político. Pero no de esos que se envían dentro de la cúpula unos grupos a otros. Es un mensaje no intencionado para la ciudadanía: el de la impunidad
Garduño fue titular del Instituto Nacional de Migración cuando, el 27 de marzo de 2023, ocurrió el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 personas migrantes que quedaron encerradas sin posibilidad de escapar. Hoy, pese a ese antecedente, regresa a un cargo público federal.
Los hechos están documentados. Videos de seguridad mostraron cómo funcionarios abandonaron el lugar sin abrir las celdas mientras el fuego se propagaba. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que hubo omisiones graves del Estado. Garduño fue imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, acusado de no haber garantizado condiciones mínimas de seguridad. Su proceso penal sigue abierto, bajo suspensión condicional, sin sentencia ni responsabilidad política efectiva.
Aun así, no sólo no fue inhabilitado, sino que ahora es premiado con un nuevo encargo. El caso recuerda inevitablemente lo ocurrido apenas esta semana con Josefa González-Blanco, quien deja la embajada de México en Reino Unido en medio del escándalo de múltiples denuncias de acoso laboral y abuso de poder. Ella también acumuló resoluciones en su contra como embajadora y, lejos de ser sancionada, fue protegida durante años. Antes, en 2019, ya había sido retirada como Secretaria del Medio Ambiente por ordenar retrasar un vuelo comercial para esperarla. El patrón se repite.
Lo que estos casos revelan es la consolidación de un sistema de impunidad política. En la 4T, el capital político pesa más que la rendición de cuentas. No importa si se vulneran derechos laborales, si se daña gravemente la salud de trabajadores o incluso si el saldo es la muerte de 40 personas bajo custodia del Estado.
