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Agencia Reforma
La investigación de la Fiscalía General de la República contra Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha colocado a la política local en una zona de tensión que va más allá del ámbito personal. Aunque la mandataria no es investigada, el caso tiene consecuencias políticas inmediatas y a mediano plazo.
Las indagatorias por narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero han reactivado cuestionamientos sobre la relación entre poder político y crimen organizado en una entidad donde la inseguridad es un problema persistente. En ese contexto, la gobernabilidad se resiente. Cada decisión del gobierno estatal en materia de seguridad, justicia o combate a la corrupción queda bajo un escrutinio mayor, no por hechos comprobados contra la gobernadora, sino por la percepción de cercanía con un caso penal de alto impacto.
La confianza pública es un activo central para gobernar, y cuando se erosiona, incluso de manera indirecta, se reduce el margen de maniobra del Ejecutivo estatal. Las exigencias de transparencia y de deslinde político no provienen sólo de la oposición, sino también de sectores ciudadanos que demandan claridad.
El impacto tampoco se limita a Baja California. Marina del Pilar es una de las figuras más visibles de Morena a nivel nacional, y este episodio toca una fibra sensible del discurso del partido: el combate a la corrupción y la promesa de que no hay protección política para nadie. Cómo responda Morena —si cierra filas sin matices o si impulsa una rendición de cuentas clara— tendrá efectos en su credibilidad nacional.
La investigación debe seguir su curso legal. Pero, en política, la percepción también gobierna. La verdadera prueba será si las instituciones actúan con autonomía.
