La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el Mecanismo de Protección para Periodistas se ampliará para incluir a comunicadores que enfrenten litigios relacionados con la libertad de expresión. El anuncio se hace en el contexto de la criminalización de la actividad periodística de Rafael León Segovia por parte de la fiscalía de Veracruz, quien lo acusa de terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
El anuncio parece positivo, pero hay una pregunta ineludible: ¿sirve ampliar un mecanismo que hoy no funciona como debería?
Desde hace años, organismos nacionales e internacionales han documentado que el Mecanismo de Protección es insuficiente e ineficaz, incluido el Comité para la Protección de los Periodistas. Personas incorporadas al programa han sido asesinadas, las evaluaciones de riesgo suelen ser deficientes, las medidas llegan tarde o no se adaptan a los contextos locales, y la coordinación con autoridades estatales es, en muchos casos, inexistente. A esto se suman recursos limitados y personal insuficiente.
En ese contexto, sumar nuevos supuestos de protección no resuelve el problema de fondo. Al contrario, corre el riesgo de sobrecargar aún más un mecanismo ya rebasado. Proteger a periodistas en litigio es necesario, pero si el Estado no garantiza que las medidas realmente funcionen —escoltas capacitados, inteligencia preventiva, reubicaciones eficaces y seguimiento permanente—, la ampliación será solo simbólica.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En 2025, con cinco casos, fue el tercer país con más asesinatos, sólo después de Palestina y Pakistán.
Además de extender el Mecanismo, el gobierno debería reformarlo a fondo, lo cual incluye mejorar la evaluación de riesgos, asegurar presupuesto suficiente, profesionalizar al personal y obligar a los estados a cumplir su parte.