Pemex y los despidos masivos de 2025: un ajuste con alto costo social

En 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) inició una serie de despidos masivos, especialmente de personal de confianza, como parte de una reestructura interna que la empresa afirma busca ahorrar recursos y consolidar operaciones. De acuerdo con la información disponible, la empresa proyectó reducir alrededor de 3 mil puestos de confianza para ahorrar más de 3 mil 500 millones de pesos en 2025 y otros mil 200 millones en 2026, lo que equivale a cerca del 10 % del gasto previsto para estas plazas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Las razones oficiales de esos recortes se asocian a la integración vertical de procesos y la eliminación de filiales para eficientar la operación. Sin embargo, el impacto real trasciende las cifras. Más de 500 trabajadores han denunciado que sus despidos se hicieron sin reconocerles su derecho a jubilación, lo que ha generado denuncias y posibles demandas laborales que pondrán a prueba al nuevo Poder Judicial. 

Las consecuencias de estos recortes no se quedan en Pemex. La empresa mantiene un adeudo con proveedores superior a los 400 mil millones de pesos, lo que ha llevado a empresas subcontratistas a enfrentar crisis financieras, cierres y miles de empleos perdidos en sectores petroleros y relacionados. En Ciudad del Carmen, por ejemplo, más de 8 mil empleos se han perdido por falta de pagos de Pemex a contratistas, con efectos profundos en la economía local. 

Además, el despido de técnicos y profesionistas —categoría que incluye a gran parte del personal especializado— ha sido criticado por organizaciones de trabajadores, que advierten que estas medidas pueden debilitar las capacidades operativas de la empresa y precarizar el empleo. 

La reestructura y los despidos ocurren en medio de un Pemex todavía con deudas enormes y pérdidas operativas pese a algunos avances financieros. Sin una estrategia sólida para modernizar la empresa, pagar sus obligaciones y mantener talento calificado, los ajustes pueden profundizar la debilidad de la petrolera. La reestructura busca eficiencia, pero su costo social y productivo exige compromiso y claridad por parte del gobierno y de la propia empresa para evitar que la “salud financiera” se pague con empleos, derechos laborales y la estabilidad de comunidades enteras.