La política migratoria de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump se ha caracterizado por una creciente dureza que ha impactado gravemente los derechos humanos de migrantes y solicitantes de asilo. Este clima de represión se ha traducido incluso en hechos trágicos. El pasado enero, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a Renée Good, ciudadana estadounidense, en Minneapolis durante un operativo migratorio. Esto desató protestas y críticas por el uso excesivo de la fuerza. Días más tarde, otro ciudadano, Alex Pretti, fue también fatalmente abatido por agentes federales en ese mismo contexto, generando indignación y llamados a investigar las prácticas de estas agencias.
Ante este escenario, México tiene una responsabilidad que va más allá de la diplomacia habitual, que requiere implementar una política de protección consular activa. Esto incluye fortalecer sus consulados y embajadas para ofrecer asistencia legal inmediata a migrantes detenidos o bajo amenaza de violación de derechos. También acompañar y documentar casos de vulneración de derechos humanos para exigir rendición de cuentas ante tribunales o instancias internacionales. A ello se suma crear redes de apoyo comunitario y de información para mexicanos en tránsito hacia Estados Unidos o que ya han llegado a este país.
Sin embargo, hay algo más que México y sus grupos de presión pueden hacer. Las políticas migratorias de Estados Unidos están sujetas a las presiones internas de su propio sistema político. Si algo puede limitar la agenda restrictiva de Trump, son los resultados electorales, especialmente en las elecciones de medio término de 2026 y en las campañas locales de gobernadores este año. Aunque el gobierno de México no puede intervenir directamente, la comunidad mexicana y sus organizaciones —incluyendo migrantes, activistas, empresarios y grupos de interés— pueden y deben promover el respeto a los derechos humanos en esos espacios políticos.
La defensa de los derechos de migrantes es una causa que demanda acción, voz y organización en ambos lados de la frontera.