La reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado expectativas y críticas desde varios sectores. La propuesta busca ajustar el financiamiento de los partidos, reducir costos de la democracia y revisar la configuración de las cámaras legislativas, entre otros puntos. Sin embargo, incluso antes de presentarse formalmente, la iniciativa enfrenta un obstáculo serio: no cuenta con el apoyo pleno de los aliados clave de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.
Aunque Morena y sus aliados lograron una mayoría significativa en el Congreso tras las elecciones de 2024, las reformas constitucionales requieren mayoría calificada, lo que hace indispensable el respaldo unánime del bloque oficialista. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas, ha admitido que sin el apoyo del PVEM y el PT la reforma no podrá avanzar y que es necesario construir acuerdos previos antes de enviar el proyecto al Legislativo.
Los puntos que más tensan la relación interna son el financiamiento público a partidos y la discusión alrededor de la representación proporcional, los plurinominales. Reducir recursos o modificar estas listas afecta directamente a partidos pequeños como el Verde y el PT, cuya existencia política y presencia en el Congreso se ha beneficiado históricamente del sistema actual. Por eso, han expresado su renuencia a aceptar cambios que comprometan su representación o sus recursos.
Normalmente, los dos partidos aliados, al igual que los legisladores de Morena, aprueban la voluntad del Poder Ejecutivo sin poner cortapisas. Suelen, incluso, aprobarlas sin hacer ningún tipo de cambio. Sin embargo, en esta ocasión se trata de una reforma que trastocaría su peso en el panorama político y su acceso a financiamiento público.
Una reforma electoral sin el respaldo pleno de los aliados de la 4T corre el riesgo de fracasar incluso antes de discutirse en comisiones.