Reforma electoral: el INE levanta la mano y la 4T decide el rumbo

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, recibió el 12 de enero las propuestas formales del Instituto Nacional Electoral para considerar en la próxima iniciativa de reforma. En un ejercicio técnico y colegiado, consejeras y consejeros elaboraron alrededor de 300 propuestas con recomendaciones específicas para fortalecer el sistema electoral.

Entre los puntos centrales está la defensa de la representación proporcional, las diputaciones plurinominales y la pluralidad política. El INE plantea evitar retrocesos que afecten la representación de las distintas fuerzas políticas en el Congreso y propone ajustar la sobrerrepresentación para hacerla más proporcional.

Otra propuesta significativa es la indexación del presupuesto del INE al Producto Interno Bruto, con el fin de garantizar la viabilidad financiera de la autoridad electoral ante recortes presupuestales. Esto, sostienen los consejeros, permitiría planificar y organizar los procesos electorales con estándares técnicos de calidad, sin depender de decisiones discrecionales.

También se recomienda separar la elección judicial de los otros comicios federales para evitar la complejidad de organizar procesos concurrentes que dificulten la eficiencia operativa. Además, el documento recoge planteamientos para fortalecer la fiscalización, mejorar el acceso equitativo a los medios de comunicación y ampliar medidas de equidad de género y participación ciudadana.

Aunque aún es necesario estudiar a profundidad cada una de las propuestas, en general están encaminadas a salvaguardar la autonomía del INE y proteger la representación de todas las voces y puntos de vista en el Congreso.

La pregunta esencial es si la Comisión Presidencial y el Gobierno federal tomarán en cuenta estos planteamientos técnicos. La experiencia reciente de consultas públicas en la llamada 4T ha mostrado que muchas veces se hace diálogo y, al final, prevalece la propuesta inicial del movimiento. Esta reforma, sin embargo, no es un asunto técnico más: determinará cómo se organiza y financia la competencia política en México y el futuro de la representación plural en el Congreso.