La masacre ocurrida el pasado 25 de enero en Salamanca, Guanajuato, volvió a sacudir la conciencia pública y a recordar la grave crisis de seguridad que atraviesa el estado desde hace años. Personas armadas irrumpieron en un campo de futbol comunitario en la comunidad de Loma de Flores, disparando indiscriminadamente al finalizar un partido. Al menos once personas murieron y doce resultaron heridas. Las primeras investigaciones señalan que la disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación estaría detrás del ataque.
Los hechos en Salamanca son una de las expresiones más crudas de un problema estructural en Guanajuato. El estado fue el que registró más homicidios dolosos en México durante 2025, con más de 2 mil 500 casos, según cifras oficiales. Aunque autoridades federales reportan una disminución general de homicidios en 2025, estas cifras no significan paz real cuando episodios como este siguen ocurriendo ante la vista de la población.
Además de los asesinatos, las desapariciones han crecido en la entidad. Hasta mayo de 2025, Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia tiene registrados 3,678 casos en Guanajuato, con una cifra al alza desde 2023.
Mientras la atención nacional en temas de seguridad se ha concentrado últimamente en estados como Michoacán o Sinaloa, Guanajuato permanece en una situación crítica que no ha mejorado de manera sustantiva. Para las familias de Salamanca, este ataque no solo fue un acto criminal aislado: es un recordatorio brutal de que la violencia sigue dominando el cotidiano, afectando la convivencia, la vida comunitaria y la percepción de seguridad ciudadana.
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