Verificación de identidad contra la extorsión: ¿solución o riesgo mal calculado?

El gobierno de México ha endurecido los requisitos de verificación de identidad como parte de su estrategia para combatir la extorsión. Entre las medidas destaca la obligación de vincular las líneas telefónicas a datos oficiales —como CURP y credencial de elector— con el objetivo de reducir el anonimato que hoy aprovechan los delincuentes para extorsionar, estafar y cometer fraudes. 

En principio, la medida no parece equivocada. Buena parte de las extorsiones se realizan desde números cuyo usuario no siempre es rastreable. Exigir una identificación real puede elevar el costo de delinquir, facilitar investigaciones y desmantelar redes criminales que operan desde la opacidad. 

Sin embargo, el problema no está sólo en la idea, sino en cómo se implementa. México ya tuvo un antecedente fallido con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2022, justamente por riesgos a la privacidad y a la protección de datos personales. Este mecanismo es distinto, puesto que son las empresas de telecomunicaciones quienes resguardarán las bases de datos y el gobierno, en principio, no tendrá acceso a ellas. Sin embargo, sigue siendo relevante preguntarse si las empresas son depositarias confiables de esta información, cómo se evita su uso indebido y qué sanciones habrá si se filtra o se comercializa. 

Otro riesgo es confundir control administrativo con política de seguridad. Registrar líneas no sustituye la investigación criminal, la persecución penal ni el fortalecimiento de fiscalías. Si las extorsiones continúan impunes, los delincuentes encontrarán nuevas formas de operar, aun con registros más estrictos. 

Además, la medida puede afectar de manera desproporcionada a sectores vulnerables, como personas sin documentos actualizados, migrantes o quienes viven en zonas con débil presencia institucional. 

La verificación de identidad puede ser una herramienta útil, pero no es una bala de plata. Para que funcione, debe ir acompañada de garantías sólidas de protección de datos, supervisión independiente, transparencia y una estrategia integral contra la extorsión. De lo contrario, el costo para los ciudadanos puede ser mayor que el beneficio prometido.